San Sebastián, a 14 de febrero de 2026

Queridas hermanas y hermanos:

Acojo con esperanza el anuncio del Gobierno de España de iniciar un proceso hacia una regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya viven entre nosotros. Reconozco —como señala Cáritas— que se trata de un acto de justicia social y de reconocimiento a tantas personas que sostienen nuestra vida cotidiana desde la precariedad de la irregularidad y que llevan tiempo contribuyendo al desarrollo y al bien común de nuestra sociedad. Lo hago desde la convicción de que la caridad cristiana —si es verdadera— busca también caminos de justicia, de protección efectiva de derechos y de convivencia social. Considero que el anuncio de esta nueva regularización extraordinaria es, ciertamente, un complemento necesario a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nos ayuda a mirar este momento con realismo, humanidad y fe. Por una parte, nos recuerda la dignidad inviolable de toda persona y su derecho a buscar condiciones de vida dignas y, cuando sea necesario, a emigrar: «es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio» (Pacem in terris, 25).

Por otra parte, la Iglesia enseña con claridad el deber de acogida, en la medida de lo posible: «Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero» (Catecismo, 2241).  Al mismo tiempo reclama que la acogida y la integración se hagan con criterios justos y ordenados, bajo el marco jurídico establecido, evitando abusos: «Las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar cuidadosamente para que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros» (Compendio DSI, 298).  Y añade: «La regulación de los flujos migratorios según criterios de equidad y de equilibrio» es una condición indispensable para salvaguardar la dignidad humana (Compendio DSI, 298). Así, la autoridad pública es quien ha de ordenar la convivencia con criterios de bien común, sin olvidar nunca que el migrante no es un número, sino un rostro con su historia y su dignidad. También con sus obligaciones y deberes.

En este horizonte, una regularización bien planteada, en sintonía con la legislación europea e internacional, puede ser un paso concreto para reconocer la dignidad de personas reales, abrirles el acceso efectivo a derechos, reducir vulnerabilidades y abusos, facilitando un marco de vida y de trabajo más justo, a la vez que se fortalece la convivencia social.

Como cristianos no podemos dejar que el miedo o el prejuicio nos nublen la mirada. El Evangelio nos recuerda que todos somos hermanos, hijos e hijas de un mismo Padre. El Magisterio de la Iglesia nos recuerda que no hemos de olvidar que, por ello, los migrantes «tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona» y nos previene de que, en la práctica, se les considera «menos valiosos, menos importantes, menos humanos», subrayando claramente que: «Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad» (Fratelli tutti, 39).  Por eso invito a la comunidad diocesana a cultivar una auténtica cultura del encuentro y a sostener una pastoral de cercanía y acompañamiento que se traduzca también en hechos, acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando a estos hermanos y hermanas nuestras migrantes.

Igualmente hemos de recordar, con el mismo realismo evangélico, que la integración pide reciprocidad y responsabilidades compartidas: el marco social y jurídico debe ser respetado por todos. «Los inmigrantes deben ser recibidos en cuanto personas y ayudados a integrarse en la vida social» (Compendio DSI, 298). Los que llegan, por su parte, han de «respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país o lugar que lo acoge, apreciar su cultura, obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas» (Catecismo, 2241). La caridad cristiana no es ingenuidad: es amor verdadero que busca la verdad, la justicia, la paz y el bien común para todos.

A la espera prudente de la «letra pequeña» y de que este proceso desarrolle un marco regulatorio definido, no indiscriminado y con criterios normativos claros, hago mía la petición de Cáritas Gipuzkoa: que el proceso de regularización se haga con agilidad, facilitando una tramitación sencilla y accesible, para que nadie quede desorientado o desamparado y para que se eviten abusos y falsas expectativas. Agradezco y apoyo el servicio de asesoramiento jurídico gratuito que nuestra Iglesia de Gipuzkoa ofrece ya desde Cáritas diocesana y animo a quienes lo necesiten a acercarse con confianza.

Que el Señor nos conceda a todos un corazón como el de una madre: capaz de una caridad en la justicia, que no se quede solo en palabras sino que se traduzca en cercanía, ternura, protección, acompañamiento y fraternidad concreta.

Con mi bendición y afecto pastoral.

In Corde Matris,

+ Fernando Prado Ayuso
Obispo de San Sebastián

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